03/12/2025
Hola amigos, queremos compartir algo que vivimos como familia y que puede ser útil para otros padres en situaciones similares. Si sienten que esto puede ayudar a alguien, les agradecemos que lo compartan.
➡️Una escuela particular en la ciudad de Loja fue sancionada por el Ministerio de Educación con el equivalente a 18 salarios básicos ($8,460.00), y recibió una advertencia de trascendencia jurídica y consecuencias irreversibles, que contempla la pérdida del permiso de funcionamiento si una situación similar se vuelve a repetir.
Esta resolución establece un precedente histórico, porque demuestra que la actuación escolar no puede estar por encima de los derechos de los niños ni de la ley.
Durante años, ciertas escuelas han utilizado la Junta Cantonal como presión psicológica para dañar al niño y a su familia, forzando su salida sin derecho real a defensa, con tal de evadir responsabilidad. No se busca resolver el conflicto, sino quebrar emocionalmente para que la familia renuncie. Es un mecanismo que simula legalidad, pero funciona como expulsión encubierta para evitar asumir errores institucionales.
Antes de todo esto ocupé el cargo de presidente del Comité Central de Padres, donde recibí elogios por mi gestión. Señalé la falta de control en el uso de celulares, un riesgo evidente para menores. Curiosamente, lo que antes era reconocimiento se transformó en malestar cuando la observación dejó expuesta su incapacidad y falta de criterio en el manejo educativo.
Desde el inicio fue evidente algo que no se tapa con paredes pintadas: la dirección estaba en manos de alguien sin la formación ni la madurez necesarias para liderar un entorno educativo, posición que parecía sustentarse más en vínculos familiares que en mérito profesional.
Esto no fue una simple negligencia. Fue un proceso sistemático de hostigamiento, tan evidente y documentable que pudo ser demostrado ante las autoridades, y que derivó en la sanción por conducta institucional que vulneró derechos y produjo mucho daño.
Gracias al impecable trabajo de nuestro amigo abogado, el caso pudo ser expuesto de manera técnica y rigurosa. Gracias a su terapeuta particular, cuyo acompañamiento psicológico y profesionalismo permitió identificar y evidenciar el daño que estaba ocurriendo en la escuela.
El Ministerio de Educación actuó con transparencia e imparcialidad, analizando el caso sin favoritismos ni presiones externas. Y hoy existe un documento oficial que reconoce lo ocurrido y sanciona a la institución responsable.
Compartimos esto porque ningún niño debe ser tratado como un inconveniente, ni ningún padre debe enfrentar solo a una institución que utiliza su estructura para desplazar a quien incomoda.
Lo que pasó no debe repetirse.
Y este precedente existe para que, en Loja y en cualquier parte del país, las familias sepan que pueden actuar, que no están solas y que la educación debe ser un espacio ético y humano.
