21/08/2026
A casi un año de su sanción, la Ley de Emergencia en Discapacidad sigue existiendo. Pero seguir vigente no es lo mismo que cumplirse.
Después de un largo camino (fue vetada, el Congreso insistió y la Justicia tuvo que ordenar su reglamentación), hoy la ley está reglamentada. Sin embargo, su cumplimiento real sigue siendo una deuda pendiente. Este es el panorama actual:
📌 Aranceles que no alcanzan
El Estado actualiza los valores mes a mes según la inflación, pero esos aumentos no compensan el atraso acumulado tras más de un año de congelamiento. La brecha entre lo que cuesta sostener un centro y lo que se paga sigue creciendo.
📌 Una amenaza sobre el sistema
Se impulsa un proyecto que buscaría eliminar el nomenclador, es decir, los aranceles únicos e iguales para todo el país. Si eso ocurre, los valores de terapias, acompañantes, transporte y centros de día quedarían sujetos a la negociación de cada obra social o prepaga, generando enorme incertidumbre para prestadores y familias.
📌 Un sistema en tensión
Las organizaciones del sector advierten un escenario crítico: instituciones al borde del cierre, profesionales que abandonan prestaciones, pagos demorados y familias obligadas a judicializar tratamientos básicos para sostener a sus hijos e hijas.
Detrás de cada número hay un centro que lucha por seguir abierto. Detrás de cada centro, familias, niños, niñas y adolescentes que no pueden esperar.
La ley existe. Ahora falta lo más importante: que se cumpla de verdad.
Desde Lat'ay seguimos acompañando esta lucha, porque los derechos no se negocian. Se garantizan 💜
