10/08/2026
Cuando el agua falta, no todos enfrentamos la crisis desde el mismo lugar
Ver a una persona mayor, entre lágrimas, pedir sensibilidad ante la falta de agua debe trascender la noticia del día. Desde la salud pública y la gerontología, esta imagen nos obliga a preguntarnos qué ocurre cuando un servicio esencial falla y quienes tienen menos capacidad para adaptarse quedan expuestos.
El acceso al agua potable no es un lujo ni una comodidad. Es un determinante fundamental de la salud, la dignidad y la vida. Su ausencia afecta a toda la población, pero sus consecuencias pueden ser desproporcionadas para las personas mayores, particularmente aquellas que viven solas, presentan fragilidad, movilidad limitada, dependencia funcional, enfermedades crónicas o escasos recursos económicos.
Para una persona mayor, una interrupción prolongada del agua puede significar dificultades para hidratarse adecuadamente, preparar alimentos, mantener su higiene, utilizar el baño, limpiar equipos o espacios necesarios para su cuidado y sostener condiciones básicas de salubridad. La vulnerabilidad no surge simplemente de tener más años; se produce cuando las condiciones sociales, ambientales y gubernamentales no responden adecuadamente a las necesidades de una población diversa.
Y aquí entra una responsabilidad que no podemos eludir: la gobernanza.
Gobernar no puede limitarse a administrar una crisis cuando ya ocurrió. Implica anticipar, prevenir, coordinar, comunicar, responder y proteger, especialmente a quienes enfrentan mayor riesgo. La responsabilidad alcanza a las agencias, municipios, instrumentalidades públicas y estructuras responsables de infraestructura, salud, emergencias, servicios sociales y protección de las personas mayores.
No se trata de convertir el sufrimiento de este ciudadano en una discusión partidista. Se trata de algo mucho más profundo: responsabilidad pública y derechos humanos.
Una sociedad que envejece necesita incorporar la perspectiva gerontológica en su planificación de infraestructura y manejo de emergencias. Puerto Rico no puede continuar diseñando respuestas como si todas las personas tuvieran automóvil, cisterna, recursos económicos, fuerza física, redes familiares o capacidad para cargar y almacenar agua.
Un llamado a la acción
Necesitamos identificar anticipadamente a las personas mayores en mayor vulnerabilidad; establecer mecanismos efectivos de distribución y entrega domiciliaria de agua durante interrupciones prolongadas; fortalecer la coordinación entre municipios, salud, manejo de emergencias y servicios sociales; disponer de protocolos específicos para personas encamadas, solas o con dependencia funcional; y garantizar información accesible, oportuna y verificable.
Pero también necesitamos algo que ningún protocolo puede sustituir: sensibilidad humana en la gestión pública.
Cuando una persona mayor tiene que quebrarse frente a una cámara para pedir que sus necesidades básicas sean atendidas, debemos preguntarnos no solamente qué falló en la infraestructura, sino qué falló en nuestro sistema de protección social.
El envejecimiento poblacional de Puerto Rico exige una nueva manera de gobernar: una gobernanza que comprenda la longevidad, planifique para ella y coloque la dignidad humana en el centro de sus decisiones.
Que estas lágrimas no se conviertan simplemente en otro video viral.
Que se conviertan en evidencia.
Que provoquen reflexión.
Que generen fiscalización.
Y, sobre todo, que produzcan acción.
Porque proteger a nuestras personas mayores no es un acto de caridad.
Es un deber ético, salubrista, social y gubernamental.
Dra. Mayra S. Ortiz Tapia
Gerontóloga Clínica
Especialista en Salud Pública y Geriatría
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