06/10/2026
EL VALOR DE LA INSTITUCIONALIDAD: EFECTOS SECUNDARIOS DE LA UNILATERALIDAD EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS Y EL FALSO AMPARO DEL APLAUSO
Pedro L. Naveda S. (Asistido por IA)
En el ejercicio de la vida gremial e institucional, el apego a la norma no constituye un mero formalismo procesal; representa la garantía fundamental que sostiene la cohesión, la transparencia y la confianza entre iguales. Sin embargo, cuando se presentan coyunturas complejas o parálisis operativas, suele surgir la tentación de sustituir la deliberación colectiva por decisiones individuales o resoluciones unilaterales.
Esta práctica, aunque a menudo se impulse bajo la bandera de la efectividad o la urgencia, genera profundos efectos secundarios que vulneran las bases de cualquier corporación pública o gremial.
Los órganos colegiados —juntas directivas, comités y tribunales disciplinarios— están diseñados bajo la premisa de que la suma de voluntades y el debate respetuoso garantizan la legitimidad de la gestión. La doctrina y la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal han sido reiterativas al señalar que, cuando una ley o estatuto exige la conformación de un cuerpo deliberativo para la toma de decisiones, la actuación solitaria de uno de sus miembros —así ocupe la representación institucional— vicia los actos por incompetencia y desvío del procedimiento.
El vicio de origen que acarrea la falta de quórum o la asunción unipersonal de atribuciones colectivas no es un detalle menor. La norma constitucional establece con claridad que los actos emitidos fuera de las formalidades legales y sin la debida competencia adolecen de ineficacia y nulidad. Cuando la estructura deliberativa se debilita, no se puede pretender suplir el vacío institucional mediante figuras atípicas o la delegación de competencias en particulares que carecen de investidura, pues esto expone a la institución y a sus integrantes a delicadas responsabilidades civiles, administrativas e incluso penales.
Uno de los fenómenos más delicados en los momentos de crisis institucional es la búsqueda de validación social para respaldar actuaciones al margen de la norma. Es frecuente observar cómo decisiones unipersonales o la captación informal de recursos para fines colectivos son recibidas con beneplácito, aplausos o muestras de simpatía en entornos digitales y asamblearios.
No obstante, desde la perspectiva del Derecho, el consenso o el aplauso circunstancial no tienen la virtud de sanear lo que desde su origen padece de nulidad absoluta. La popularidad de una medida no sustituye el cumplimiento del procedimiento legal ni convalida la ausencia de legitimidad. Apoyarse en la aprobación generalizada para justificar la inobservancia de los estatutos equivale a construir sobre cimientos frágiles: en el momento en que se exige una revisión técnica o judicial, la simpatía no actúa como escudo protector ante la ley.
El verdadero peligro de justificar la irregularidad por la vía de la aclamación es que abre la puerta a la discrecionalidad y sienta precedentes riesgosos. Si se acepta que la norma se puede soslayar cuando existe una "buena intención" o una causa popular, se desmantela el estado de derecho interno que protege a todos los agremiados por igual.
La alteración de los mecanismos normativos afecta con mayor severidad las áreas administrativas y financieras. El manejo de fondos o la solicitud de contribuciones al margen de las cuentas institucionales y sin el debido control de una junta colegiada genera desconfianza y erosiona el prestigio de la corporación. La falta de fiscalización y la mezcla de asuntos públicos o gremiales con canales privados rompen la transparencia contable y colocan a los involucrados en situaciones de vulnerabilidad jurídica.
Quienes dirigen el gremio de la legalidad son los primeros llamados a dar testimonio del cumplimiento estricto de la norma. Si los profesionales del derecho toleran o alientan la sustitución de la ley por vías de hecho, se pierde la autoridad moral para exigir el respeto al debido proceso en otros escenarios de la vida nacional.
El propósito de advertir sobre estos riesgos no es fomentar la discordia ni profundizar las diferencias. Al contrario, es una llamada serena a la responsabilidad colectiva y a la madurez institucional.
Frente a la desintegración de los cuerpos colegiados o la parálisis administrativa, el ordenamiento jurídico ofrece canales claros para la reestructuración y el restablecimiento del orden estatutario. La convocatoria a procesos transparentes, la solicitud de vías institucionales de emergencia o el acudimiento a los órganos jurisdiccionales competentes para designar instancias provisionales son los caminos idóneos para resguardar el patrimonio y la legitimidad del gremio.
Volver a la norma no es un capricho; es la única forma de garantizar que las decisiones trasciendan en el tiempo, protejan a las personas y honren la profesión. El aplauso pasa, pero la responsabilidad ante la ley permanece. Redescubrir la fuerza del acuerdo colegiado y el valor del estricto apego legal es la mayor muestra de compromiso que podemos ofrecer a la institución, a nuestra Casa de la Legalidad.
«Quien vulnera la norma en el templo de la legalidad no solo desdibuja la ley, sino que destruye el único refugio que protege su propia dignidad.»