07/09/2026
Comunicado FGR 601/26
Ciudad de México, a 07 de septiembre de 2026.
FGR INFORMA
Mensaje de la licenciada Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de la
República, sobre avances en investigaciones de red criminal de contrabando
de combustible
Buenas tardes, me dirijo al pueblo de México con el fin de puntualizar y dar a
conocer avances respecto a una de las estructuras de corrupción más sofisticadas
que el país ha enfrentado, en el combate al contrabando de combustible,
popularmente conocido como huachicol fiscal.
Me refiero a la red criminal que en 2024, fue denunciada por el Almirante Rafael
Ojeda Durán, al Doctor Alejandro Gertz Manero; a quien expuso elementos de
posibles actividades ilícitas vinculadas con integrantes de la institución naval.
Ese fue el origen que nos permitió conducir investigaciones y dar, bajo el nuevo
modelo de investigación de esta Fiscalía, uno de los golpes más importantes contra
el contrabando de hidrocarburos. Esto es, el aseguramiento de diez millones de
litros de diésel contenidos en un buque en el puerto de Altamira, Tamaulipas.
Dicho logro más que representar el fin de la investigación, fue un hecho que nos
condujo a mayores acciones.
Detrás de la operación ilegal de ese buque no había un contrabandista en solitario,
sino una compleja red criminal, en la que Manuel Roberto “N” y Fernando “N”
destacaban, para asegurar capacidad de importación, traslado, almacenamiento y
distribución del hidrocarburo ingresado de manera ilegal.
De acuerdo con datos de prueba convincentes, mismos que están siendo valorados
por el Poder Judicial, Manuel Roberto “N” y Fernando “N”, conocidos como “Los
Primos” cuyos cómplices, intervinieron en designaciones, ascensos y movimientos
de personal dentro de las aduanas marítimas, la Administración Nacional de
Aduanas de México y la propia Secretaría de Marina. Roberto “N”, en particular,
gestionaba directamente esos nombramientos y promociones.
Como resultado del cateo de una bodega que Roberto “N” arrendaba en la capital
del país, se encontraron además de objetos de lujo, listas de aduanas marítimas,
expedientes de personal naval y altos mandos de la institución, documentación de
seguridad nacional clasificada como reservada / confidencial y armas sin el debido
registro.
Con la estructura de complicidades ya instalada, Manuel Roberto “N” y Fernando
“N” junto con sus cómplices, presuntamente repetían una y otra vez la trama ilegal.
Esto es, los buques zarpaban principalmente desde Texas cargados de
hidrocarburo, el cual se declaraba como aceite o aditivo para cambiar su tratamiento
fiscal.
Servidores públicos y agentes aduanales coludidos recibían pagos por cada
embarque que se dejaba pasar.
Las inspecciones, cuando llegaban a realizarse, eran una simulación. La red
criminal garantizaba muestreos superficiales, la aprobación de volúmenes
manipulados o maniobras para que el hidrocarburo fuera liberado de la aduana sin
revisión.
También se establecían calendarios de arribo en la cadena de complicidades, a
efecto de desactivar cámaras para imposibilitar el registro de descargas.
Una vez en tierra, el combustible se distribuía mediante tres empresas legalmente
constituidas, pero una red de empresas fachada y triangulaciones financieras eran
las responsables de darle apariencia legítima a los ingresos de la venta.
Buques cargados, registros manipulados, personal aduanal cómplice, revisiones
simuladas y lavado de dinero, eran el ciclo de este negocio ilegal, en el que
presuntamente participaron Manuel Roberto “N”, Fernando “N” y sus cómplices.
Las investigaciones nos llevaron a identificar operaciones de esta misma red en
Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México.
Como parte de las indagatorias, seguimos el rastro de accionistas, apoderados
legales y enlaces que participaron en las distintas etapas de esta cadena ilegal, en
la que existe evidencia de participación de Manuel Roberto “N” y Fernando “N”.
El contrabando de hidrocarburos es un acto ilegal, como también un delito que
debilita a las empresas del Estado y desvía recursos públicos que debieron ser
utilizados para impulsar el bienestar del pueblo.
Subrayo aquí que una institución no se corrompe porque algunos de sus integrantes
traicionen la responsabilidad y la confianza depositada en ellos. Muestra de eso que
el actual Secretario Almirante Raymundo Morales Ángeles, ha estado atento al
seguimiento de las investigaciones.
La responsabilidad es individual y todo acto ilegal será sancionado. Quien usó un
uniforme, un cargo público o una aduana para servir al crimen, responderá ante la
justicia.
La Fiscalía que encabezo seguirá investigando e informando al pueblo de México.
Donde haya impunidad habrá investigación.
Donde haya crimen, habrá consecuencias.
